La democracia ya no representa. Gestiona. Y lo hace al dictado de intereses que no comparecen en ninguna urna.
Lo que comenzó como una cesión temporal del poder popular, se ha transformado en una maquinaria opaca donde la economía corrompió primero la ética pública y, después, la legalidad misma. Ya no hablamos de sobres. Hablamos de presupuestos enteros diseñados al servicio de élites extractivas, camufladas bajo lenguaje técnico y supuestas inevitabilidades.
Las instituciones han dejado de responder a los ciudadanos. No hay separación real de poderes, ni justicia verdaderamente independiente, ni prensa libre sin servidumbres. Hay silencio, cooptación y coartada. Hay pactos entre cúpulas, blindajes parlamentarios, puertas giratorias y consejos de administración invisibles.
Lo que una vez fue la esperanza de las mayorías, es hoy el escudo de las minorías privilegiadas. La ley ya no protege al débil. Lo ordena, lo castiga y lo disciplina si se atreve a protestar.
Los procesos electorales siguen celebrándose como liturgias vacías, mientras los auténticos centros de decisión operan fuera del alcance del voto. El contrato social ha sido sustituido por cláusulas bancarias.
Y mientras tanto, el pueblo —ese que ya no se reconoce ni en las siglas ni en los eslóganes— sigue trabajando, pagando y soportando. Calla, pero no olvida.
¿Estamos ante el final de las democracias representativas?
No.
Estamos presenciando su degeneración funcional. Su cadáver aún camina, pero ya no respira por sí solo.